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Homologación de títulos extranjeros en España: requisitos y el caso de Medicina

Thu, 22 Oct 2026 14:07:53 GMT

Requisitos, documentación, tasa, plazos y recursos según el Real Decreto 889/2022, y los pasos adicionales para médicos

Revisión jurídica: 22 de octubre de 2026 · Autora: Iris Alves Fukase, IAF Abogados

Para ejercer en España una profesión regulada, como la Medicina, con un título universitario extranjero, es necesario obtener su homologación a un título oficial español.

La norma principal es el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre . En esta guía explicamos qué procedimiento corresponde, qué se exige, cómo se tramita y qué pasos adicionales afectan a los médicos.

Homologación, equivalencia y convalidación

El Real Decreto 889/2022 regula tres figuras distintas (artículo 2):

Homologación (artículo 2.b): reconoce un título extranjero como equivalente a un título universitario oficial español concreto. Es la vía necesaria cuando el título habilita para una profesión regulada (artículo 1.1.a).
Declaración de equivalencia (artículo 2.c): reconoce que la formación equivale a un nivel académico de Grado, Máster o Doctorado, sin referirse a un título concreto ni habilitar para profesiones reguladas.
Convalidación (artículo 2.g): reconoce, a efectos académicos, estudios superiores extranjeros, terminados o no, para continuar estudios universitarios en España.

La homologación produce los mismos efectos que el título español desde que se concede y se expide la credencial (artículo 5.1). Para ejercer, deben cumplirse además los requisitos de la normativa de cada profesión (artículo 8.1).

La equivalencia al nivel de Doctor corresponde a las universidades (disposición adicional segunda.1). Las homologaciones y las demás equivalencias las resuelve el Ministerio (artículo 18.1).

Requisitos para la homologación

Según el artículo 9 del Real Decreto 889/2022, el título extranjero debe:

Tener carácter oficial en el país de origen.
Tener un nivel académico equivalente al del título español de Grado o Máster correspondiente.
Incluir los conocimientos y competencias fundamentales del título español y, en su caso, los exigidos para la profesión regulada.
Acompañarse de la acreditación de la competencia lingüística necesaria para ejercer la profesión en España (artículo 9.4).

Cómo acreditar el español (artículo 13.2)

Basta con uno de estos documentos:

DELE de nivel B2 o superior.
Certificado oficial de nivel intermedio B2 o superior de las escuelas oficiales de idiomas.
Certificado de Aptitud en español para extranjeros de las Administraciones educativas.
Certificado del centro de estudios que acredite que al menos el 75 % de la formación se cursó en español.
Certificado de que la formación previa al acceso a los estudios superiores se cursó en español.

No se exige a los nacionales de Estados cuya lengua oficial sea el español.

Documentación exigida

La solicitud se presenta exclusivamente por la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Según el artículo 13.1 del Real Decreto 889/2022, incluye:

Documento de identidad y nacionalidad del país de origen o procedencia (los residentes en España pueden autorizar su verificación o aportar copia).
El título o la certificación de su expedición.
La certificación académica, con la duración oficial del plan de estudios, las asignaturas y la carga horaria o créditos.
Justificante del pago de la tasa.
En su caso, la acreditación de la representación.
Declaración responsable sobre la veracidad de los datos.
La acreditación de la competencia lingüística, salvo exención.

El título y la certificación académica se presentan legalizados o con apostilla de La Haya (salvo los expedidos en la UE, el EEE o Suiza) y con traducción oficial al castellano cuando proceda.

Para Medicina, la guía del Ministerio admite aportar otras enseñanzas oficiales o experiencia profesional complementaria y, si procede, la acreditación de los requisitos para ejercer en el país de expedición.

Tasa oficial

La tasa es de 166,50 euros (modelo 790, código 107), según la información oficial de tasas . Puede pagarse con tarjeta o cuenta, en entidad colaboradora o, desde el extranjero, por ingreso o transferencia.

La tasa está prevista en el artículo 28 de la Ley 53/2002 (disposición adicional tercera del Real Decreto 889/2022) y solo se devuelve en los casos previstos. Es distinta de los honorarios profesionales del despacho.

Tramitación y plazo para resolver

Subsanación (artículo 14.1): si falta documentación, se requiere aportarla en diez días hábiles , ampliables hasta 35 si se acreditan dificultades.
Informes: para profesiones reguladas, se prevé un informe no vinculante del Consejo General correspondiente (artículo 14.1.d). En Medicina, la evaluación se apoya en los criterios de ANECA a partir de la Orden ECI/332/2008.
Plazo legal: la resolución debe dictarse y notificarse en un máximo de seis meses desde la entrada de la solicitud (artículo 18.3).

El plazo legal no garantiza la duración real, que depende de la carga de trabajo y de la complejidad del expediente. Según la guía oficial, la tramitación es más rápida si ANECA ya ha publicado medidas generales sobre la titulación y la universidad de origen.

Silencio administrativo desestimatorio

Si pasan seis meses sin resolución notificada, la solicitud puede entenderse desestimada (artículo 18.3). El silencio no supone una concesión: permite presentar el recurso que proceda.

Resoluciones y recursos

La resolución, que debe ser motivada (artículo 18.2), puede conceder la homologación, condicionarla a requisitos formativos complementarios, declarar la equivalencia a un nivel académico o denegar la solicitud.

Requisitos complementarios (artículo 19): prácticas, prueba de aptitud u otras opciones. El plazo máximo para superarlos es de cuatro años ; si no se superan, la homologación condicionada pierde sus efectos y no puede pedirse de nuevo para el mismo título.
Recurso de reposición: potestativo, ante el mismo órgano, en el plazo de un mes si la resolución es expresa (artículo 21 del Real Decreto 889/2022 y artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015).
Recurso contencioso-administrativo: directamente, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa (artículo 46.1 de la Ley 29/1998).

Frente al silencio, la reposición puede interponerse en cualquier momento desde que se produce el acto presunto. La impugnación judicial del silencio tiene particularidades, por lo que el plazo debe revisarse en cada caso.

Médicos con título extranjero: seis cuestiones distintas

La homologación es el primer paso, pero por sí sola no permite trabajar como médico sin cumplir los demás requisitos profesionales y migratorios.

1. Homologación del título de Medicina

Es la homologación al título español que habilita para la profesión de médico, con la evaluación basada en los criterios de ANECA y la Orden ECI/332/2008.

2. Colegiación profesional

La Ley 44/2003 exige estar colegiado para ejercer una profesión sanitaria titulada cuando una ley estatal lo establezca (artículo 4.8.a), en relación con el artículo 3.2 de la Ley 2/1974. Los requisitos concretos deben consultarse con el Colegio Oficial de Médicos de la provincia.

3. Ejercicio de la medicina general

Según la guía del Ministerio, la homologación del título básico permite ejercer como médico de formación básica en el sector privado. Para la sanidad pública o una especialidad se requiere, además, el MIR o el reconocimiento de la especialidad.

4. Especialidades obtenidas fuera de la UE

Se rigen por el Real Decreto 459/2010. Exige, entre otros requisitos, tener el título español o la homologación del título básico, un título oficial de especialista y acreditar en detalle la formación especializada (artículo 3).

Un Comité de Evaluación estudia el expediente (artículo 5) y puede condicionar el reconocimiento a prácticas, formación complementaria o una prueba teórico-práctica (artículo 8). El plazo para resolver es de seis meses ; sin resolución, la solicitud puede entenderse desestimada (artículo 14.2).

5. Formación sanitaria especializada (MIR)

Quien no tiene especialidad, o no la tiene reconocida, puede acceder mediante la prueba anual MIR. Los datos de la convocatoria vigente se recogen más abajo.

6. Autorización de residencia y trabajo

Los nacionales de terceros países necesitan, además, una autorización de residencia que les permita trabajar en España. Ni la homologación, ni la especialidad, ni el MIR sustituyen esa autorización.

Títulos obtenidos en la UE, el EEE o Suiza

Los nacionales de la UE con cualificaciones de otro Estado miembro siguen el régimen de reconocimiento de cualificaciones profesionales del Real Decreto 581/2017, que incorpora la Directiva 2005/36/CE. Para los médicos prevé un reconocimiento automático , distinto de la homologación.

Según la guía del Ministerio, se aporta el certificado de conformidad con la Directiva 2005/36/CE. En el caso de Suiza, la aplicación depende del acuerdo bilateral con la UE y debe comprobarse en cada caso.

Convocatoria MIR 2026 (plazas 2027)

Esta sección recoge datos de una convocatoria anual y se actualizará con cada nueva convocatoria.

La Orden SND/854/2026, de 4 de agosto , convoca las pruebas para plazas en 2027. Para Medicina:

9.377 plazas públicas y 300 de centros privados.
968 plazas para el turno de personas con discapacidad.
968 plazas para personas que no sean titulares de una autorización de residencia en España.

Los nacionales de terceros países pueden concurrir a Medicina si su país tiene un convenio de cooperación en vigor con España y el título está homologado o reconocido antes del fin del plazo de solicitudes. También pueden participar quienes se encuentren en España con autorización legal de estancia (de corta duración, por estudios u otra modalidad), en los términos de la convocatoria.

Si el español no es lengua oficial de su país, se exige nivel C1 , salvo que la titulación se cursara en español en una universidad española o de un país hispanohablante, o se hayan completado dos años de formación especializada en España.

Para Brasil está en vigor el Convenio Básico de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica de 13 de abril de 1989; su consideración a efectos de la convocatoria conviene confirmarla con el Ministerio de Sanidad.

Brasileños y portugueses

Brasil: el título y la certificación académica se apostillan y se presentan con traducción oficial. Debe acreditarse el español: B2 para la homologación (salvo las vías del artículo 13.2) y C1 para el MIR, con las excepciones de la convocatoria.
Portugal: sus documentos no requieren legalización. Los médicos con título portugués y nacionalidad de la UE siguen, en general, el régimen del Real Decreto 581/2017, no la homologación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda la homologación?

El plazo legal máximo es de seis meses, pero la duración real puede ser mayor. Si se exigen requisitos complementarios, el proceso se alarga hasta superarlos, con un máximo de cuatro años.

¿Puedo ejercer como médico mientras se tramita?

No. La homologación produce efectos desde que se concede y se expide la credencial. Además, hay que cumplir los requisitos profesionales y, si se es extracomunitario, tener autorización de residencia y trabajo.

¿Qué nivel de español necesito?

Para la homologación, B2 o una de las acreditaciones del artículo 13.2, salvo los nacionales de países de lengua española. Para el MIR, C1, con las excepciones de la convocatoria.

Soy especialista en mi país, ¿tengo que hacer el MIR?

No necesariamente. Puede pedirse el reconocimiento del título de especialista (Real Decreto 459/2010), que puede condicionarse a una prueba o a un periodo de prácticas.

¿Qué hago si me deniegan la homologación?

Cabe recurso potestativo de reposición en un mes o recurso contencioso-administrativo en dos meses desde la notificación. Conviene estudiar los motivos de la denegación antes de elegir la vía.

Conclusión

La homologación es solo una pieza del proceso. Para trabajar en España como médico u otro profesional regulado hay que coordinar el reconocimiento del título, los requisitos profesionales y la autorización de residencia y trabajo.

¿Necesitas asesoramiento sobre tu situación de extranjería?

En IAF Abogados analizamos cada situación de forma individualizada, teniendo en cuenta la normativa aplicable y las circunstancias del caso. Atendemos en español y en portugués.

Puedes contactar con nuestro despacho para solicitar una consulta jurídica o escribirnos por WhatsApp .

Fuentes oficiales

Iris Alves Fukase — Abogada especializada en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Derecho Internacional Privado. IAF Abogados.

Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico individualizado. No garantiza la concesión de ninguna solicitud ni plazos de resolución. Revisión jurídica a 22 de octubre de 2026.

Conductores profesionales extranjeros en España: canje, CAP y permiso de trabajo

Thu, 22 Oct 2026 14:07:22 GMT

Canje del permiso de conducir extranjero, CAP de camión y autobús y vías de residencia y trabajo para conductores de fuera de la UE

Revisión jurídica: 22 de octubre de 2026 · Autora: Iris Alves Fukase, IAF Abogados

El transporte por carretera es uno de los sectores que más conductores profesionales busca en España.

Para un conductor de fuera de la Unión Europea, trabajar como camionero o conductor de autobús exige reunir tres requisitos distintos: un permiso de conducción válido en España , el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y una autorización de residencia y trabajo .

En esta guía explicamos cada uno con la normativa vigente y las indicaciones oficiales de la DGT y del Ministerio de Transportes.

1. El permiso de conducir extranjero: validez y canje

Cuánto tiempo vale el permiso extranjero

Un permiso expedido fuera de la UE es válido en España si cumple las condiciones del artículo 21 del Reglamento General de Conductores (Real Decreto 818/2009), entre ellas que no hayan pasado seis meses desde que su titular adquirió la residencia normal en España (artículo 21.2.c).

Pasado ese plazo, deja de ser válido y hay que obtener un permiso español (artículo 21.3).

Requisitos del canje

Si existe convenio entre España y el país que expidió el permiso, puede canjearse por su equivalente español (artículo 22.1). Puede pedirse desde que se adquiere la residencia, sin esperar a los seis meses (artículo 22.2), ante la Jefatura Provincial de Tráfico (artículo 23).

Según la sede electrónica de la DGT , para países extracomunitarios con convenio se exige:

Ser residente en España.
Que el permiso esté en vigor y sea válido; el original se entrega en la Jefatura.
Acreditar que no se residía en España cuando se obtuvo el permiso.
Documento de identidad y tarjeta de residencia en vigor.
Informe de aptitud psicofísica de un Centro de Reconocimiento de Conductores (grupo II si incluye permisos C o D).
El pago de la tasa correspondiente.

Verificación del permiso

La Jefatura puede comprobar el permiso con el país que lo expidió (artículo 23). Para Brasil y otros países, la DGT tramita el canje en dos fases : primero la verificación con el país emisor y, cuando consta como «contestada», el canje.

Según la DGT, la verificación puede tardar días o semanas, porque depende de la respuesta del otro país.

Pruebas según la categoría

Categoría B (y A1, A, B+E): canje directo, sin pruebas.
Categorías C y D (camión y autobús): requieren pruebas adicionales, prácticas y/o teóricas, según el convenio con cada país ( tabla oficial de la DGT ).

Tras el canje se entrega un permiso provisional, válido solo en España, y el definitivo llega por correo.

España tiene convenio de canje con 33 países , entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Marruecos.

Las empresas inscritas en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte pueden tramitar el canje de los permisos profesionales de sus conductores por la sede electrónica de la DGT, como representantes autorizadas.

Si el país no tiene convenio, el canje de un permiso profesional solo es posible superando la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circulación y acreditando al menos seis meses de contrato como conductor profesional en una empresa establecida en España (artículo 22.1.b).

2. El CAP: Certificado de Aptitud Profesional

El Real Decreto 284/2021 exige la cualificación inicial y la formación continua para conducir vehículos de los permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E (artículo 1), salvo las exenciones del artículo 2.

Cualificación ordinaria: curso de 280 horas (artículo 5.1).
Cualificación acelerada: curso de 140 horas (artículo 6.1).
Formación continua: 35 horas cada cinco años (artículo 7.2).

En ambas modalidades iniciales hay que aprobar un examen.

Están exentos de la cualificación inicial los titulares de permisos D1, D1+E, D o D+E expedidos antes del 11 de septiembre de 2008, y de C1, C1+E, C o C+E expedidos antes del 11 de septiembre de 2009. Deben hacer, no obstante, la formación continua (artículo 3.2).

Según el Acuerdo interministerial de 15 de noviembre de 2023, tampoco se exige la cualificación inicial a quienes tengan el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera (Real Decreto 555/2012).

Novedad: aula virtual

El Real Decreto 487/2026, de 17 de junio , permite impartir parte del CAP en aula virtual , con límites de horas. Las clases prácticas y los exámenes siguen siendo presenciales .

El CAP es una cualificación profesional. No autoriza a residir ni a trabajar en España.

3. La autorización de residencia y trabajo

El permiso de conducir y el CAP no autorizan a residir ni a trabajar. El conductor extracomunitario necesita además una autorización que le permita trabajar. El Ministerio de Transportes describe estas vías.

Estancia por estudios para obtener el CAP

El Acuerdo interministerial de 15 de noviembre de 2023 (Inclusión, Transportes e Interior) prevé que quienes no residen en España soliciten una estancia por estudios de 180 días para obtener el CAP y canjear su permiso. Si no superan la formación y el examen en ese plazo, deben regresar a su país.

El Acuerdo se firmó bajo el Reglamento anterior (Real Decreto 557/2011), por lo que sus referencias deben entenderse adaptadas al Real Decreto 1155/2024. No se puede trabajar como conductor sin haber obtenido el CAP.

Según la hoja informativa del Ministerio de Inclusión , la estancia exige, entre otros requisitos, medios económicos, seguro médico y la admisión en la formación.

Paso a residencia y trabajo (artículo 190)

Una vez obtenido el CAP, el artículo 190 del Reglamento de Extranjería permite pasar de la estancia por estudios a la residencia y trabajo sin visado , para las formaciones de las letras a) y b) y los números 4.º y 5.º de la letra e) del artículo 52, siempre que:

se haya obtenido la titulación o el certificado de la formación;
la persona no haya sido becada en programas de cooperación para el desarrollo o de acción humanitaria;
para trabajar por cuenta ajena, se cumplan los requisitos del artículo 74, salvo la situación nacional de empleo , que no se aplica en esta modificación.

La solicitud puede presentarla el empleador o el estudiante; la tasa corresponde al empleador. Esta vía no es automática : depende de que la formación encaje en el artículo 52 y de que se cumplan todos los requisitos.

En todas sus vías, el Acuerdo exige, entre otros: pasaporte con seis meses de vigencia, contrato con una empresa del transporte condicionado al CAP y a la autorización, medios económicos (que puede aportar la empresa), seguro de enfermedad y, salvo estancias inferiores a seis meses, antecedentes penales y certificado médico.

Contratación desde el país de origen

Se tramita mediante una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Aquí sí se tiene en cuenta la situación nacional de empleo (artículo 74.1.a): la ocupación debe figurar en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura o la empresa debe acreditar la insuficiencia de demandantes.

Los conductores de camión y autobús no figuran en el último Catálogo publicado (tercer trimestre de 2026) . Esto no impide por sí solo la contratación: la empresa puede acreditar la situación nacional de empleo por la otra vía y debe cumplir los requisitos del empleador.

Los conductores exentos de la cualificación inicial (permiso C anterior a 2009 o D anterior a 2008) deben superar la formación continua de 35 horas; según el Ministerio de Transportes, de ella dependen su alta en la Seguridad Social y la validez del contrato.

Otras vías: arraigo y GECCO

Arraigo socioformativo (artículo 127.d del Real Decreto 1155/2024): exige dos años de permanencia, cursar una formación del artículo 52.1.b) o 52.1.e).5.º y un informe de integración. Permite trabajar por cuenta ajena hasta 30 horas semanales. Más información en nuestra guía de arraigo .
Gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO): para contrataciones estacionales, el Acuerdo prevé una autorización de cuatro años para trabajar hasta nueve meses al año, con regreso al país de origen y obtención del CAP en los seis primeros meses. Depende de la orden anual vigente.

Conductores que ya residen legalmente en España

Si el conductor ya tiene una autorización que le permite trabajar (por ejemplo, por arraigo o como familiar de español), solo le falta el canje del permiso y el CAP, si no está exento.

Otros requisitos para conducir profesionalmente

Tarjeta de tacógrafo: para acreditar la residencia basta cualquier documento válido según la normativa de extranjería; ya no se exige necesariamente la TIE (Orden TRM/282/2026, según el Ministerio de Transportes).
Certificado de conductor de tercer país: solo se exige a las empresas de transporte internacional de mercancías que contraten conductores no comunitarios (Orden TRM/59/2025, según la misma fuente), no a los residentes de larga duración.

Conductores brasileños

Canje de la CNH: convenio en vigor desde el 7 de abril de 2009. Coche y moto se canjean sin pruebas (tasa II.3, 28,87 €). Para camión o autobús se exigen pruebas «específico + circulación» (tasa II.1, 94,05 €). El canje se tramita en dos fases, con verificación previa.
Plazo: la CNH es válida como máximo seis meses desde que se adquiere la residencia normal. Conviene pedir cita para el canje en cuanto se tenga la tarjeta de residencia.
Idioma: el examen del CAP y las pruebas de la DGT se hacen en castellano.

Preguntas frecuentes

¿Existe un visado específico para conductores?

No. Las vías habituales son la estancia por estudios para el CAP, con posterior modificación a residencia y trabajo, o la contratación desde origen cuando se cumplen los requisitos.

¿Puedo conducir un camión en España con mi permiso extranjero?

Solo durante el plazo de validez del permiso extranjero y si además tiene el CAP y autorización para trabajar. Después hay que canjearlo u obtener un permiso español.

¿Mi país tiene convenio de canje?

Consulte la lista oficial de la DGT . Si no está incluido, tendrá que obtener el permiso español mediante exámenes.

¿Cuánto dura el curso del CAP?

280 horas en la modalidad ordinaria y 140 en la acelerada, más el examen. Después, 35 horas de formación continua cada cinco años.

¿La empresa puede tramitar el canje por mí?

Sí, si está inscrita en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte y actúa como representante autorizada en la sede electrónica de la DGT.

Conclusión

Trabajar como conductor profesional en España exige coordinar tres trámites independientes: el canje o la obtención del permiso, el CAP y la autorización de residencia y trabajo. Planificar el orden correcto evita perder plazos.

¿Necesitas asesoramiento sobre tu situación de extranjería?

En IAF Abogados analizamos cada situación de forma individualizada, teniendo en cuenta la normativa aplicable y las circunstancias del caso. También asesoramos a empresas de transporte que quieren contratar conductores de terceros países.

Puedes contactar con nuestro despacho para solicitar una consulta jurídica o escribirnos por WhatsApp . Más información sobre el permiso de trabajo en España .

Fuentes oficiales

Iris Alves Fukase — Abogada especializada en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Derecho Internacional Privado. IAF Abogados.

Nacionalidad española por residencia: plazos, requisitos, exámenes y jura

Mon, 19 Oct 2026 20:23:52 GMT

Años de residencia exigidos, exámenes, documentación, tasa y qué ocurre tras la concesión

Revisión jurídica: 22 de octubre de 2026 · Autora: Iris Alves Fukase, IAF Abogados

La nacionalidad española por residencia permite a la persona extranjera que reside legalmente en España adquirir la nacionalidad española.

No es automática. La concede el Ministro de Justicia, que puede denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional (artículo 21.2 del Código Civil).

El tiempo de residencia exigido depende de la nacionalidad de origen y de la situación personal. En esta guía resumimos los requisitos según el Código Civil, el Real Decreto 1004/2015 y la Orden JUS/1625/2016.

¿Cuántos años de residencia se necesitan?

El artículo 22 del Código Civil fija estos plazos:

10 años: regla general.
5 años: personas que han obtenido la condición de refugiado.
2 años: nacionales de origen de países iberoamericanos (incluido Brasil ), Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y sefardíes.
1 año: en los supuestos especiales del artículo 22.2, que se detallan a continuación.

Supuestos de un año de residencia

Haber nacido en territorio español.
No haber ejercitado oportunamente la facultad de optar.
Haber estado sujeto legalmente a tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos.
Llevar un año casado con español o española, sin separación legal o de hecho.
Ser viudo o viuda de español o española, sin separación al tiempo del fallecimiento.
Haber nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles.

Nacionalidad por matrimonio con español o española

El matrimonio con una persona española no concede automáticamente la nacionalidad . Permite reducir el plazo de residencia a un año si se cumplen a la vez estos requisitos:

Un año de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud.
Llevar un año casado con español o española al presentar la solicitud.
No estar separado legalmente ni de hecho.
Acreditar buena conducta cívica y suficiente grado de integración, incluidos los exámenes cuando no haya exención o dispensa.

Se considera que tiene residencia legal en España el cónyuge que convive con un funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero (artículo 22.3 del Código Civil).

Requisitos comunes

En todos los casos, la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud (artículo 22.3 del Código Civil).

Además, hay que justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española (artículo 22.4).

Exámenes DELE A2 y CCSE

La integración se acredita superando dos pruebas del Instituto Cervantes (artículo 6 del Real Decreto 1004/2015):

DELE A2 o superior: conocimiento básico de la lengua española.
CCSE: conocimientos constitucionales y socioculturales de España.

Conviene distinguir tres situaciones: exenciones, títulos oficiales de idioma y dispensas.

Exenciones previstas en la norma

Del DELE: los nacionales de países donde el español es idioma oficial (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), y quienes ya tengan un DELE A2 o superior (artículo 6.5). Estas personas sí deben superar el CCSE.
De ambas pruebas: los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente (expresión que mantiene la norma). Se aportan certificados de los centros de formación, residencia, acogida, atención o educación especial (artículo 6.6 del Real Decreto 1004/2015 y artículo 10.6 de la Orden JUS/1625/2016).

Títulos oficiales de idioma

El conocimiento del español también puede acreditarse con los certificados oficiales de nivel básico (A2), intermedio o avanzado expedidos por la Administración educativa conforme al Real Decreto 1629/2006, que se presentan ante el Instituto Cervantes (disposición adicional cuarta del Real Decreto 1004/2015).

Dispensas que deben solicitarse

La Orden JUS/1625/2016 (artículo 10.5) regula dos supuestos de dispensa:

Personas que no saben leer ni escribir o tienen dificultades de aprendizaje. Deben pedir la dispensa al Ministerio de Justicia antes de solicitar la nacionalidad. Si se presentan a la vez, la solicitud de nacionalidad se archiva. La dispensa se resuelve en seis meses ; sin resolución, se entiende desestimada.
Personas escolarizadas en España que han superado la ESO. Pueden ser dispensadas y presentar directamente la solicitud de nacionalidad, adjuntando la documentación académica.

La resolución de dispensa puede dispensar las pruebas, denegar la dispensa o autorizar pruebas adaptadas.

Para las personas con discapacidad , el Instituto Cervantes ofrece apoyos y ajustes razonables en los exámenes (artículo 6.7 del Real Decreto 1004/2015).

Brasileños y portugueses: dos años, pero con DELE A2

Los nacionales de Brasil y de Portugal solo necesitan dos años de residencia legal, pero no están exentos del DELE A2 , porque el español no es idioma oficial en sus países. Deben aprobar el DELE A2 (o acreditar un título oficial válido) y el CCSE.

Tampoco tienen que renunciar a su nacionalidad anterior (artículo 23.b del Código Civil, en relación con el artículo 24.1).

Documentación y tasa

La solicitud se tramita de forma electrónica (artículo 5 del Real Decreto 1004/2015). Entre otros documentos, incluye:

Modelo oficial de solicitud.
Pasaporte y tarjeta de residencia.
Certificado de nacimiento del país de origen, legalizado o apostillado y, en su caso, traducido.
Certificado de antecedentes penales del país de origen, en las mismas condiciones.
Certificados de los exámenes o resolución de dispensa.
Justificante de pago de la tasa.

La tasa se fijó en 100 euros (disposición final séptima de la Ley 19/2015). Según el Ministerio de Justicia, su importe actual es de 104,05 euros y puede actualizarse por las leyes de presupuestos.

Plazo de resolución y silencio administrativo

El procedimiento debe resolverse y notificarse en un plazo máximo de un año desde que la solicitud entra en el órgano competente (artículo 11 del Real Decreto 1004/2015).

Si pasa ese plazo sin resolución, la solicitud se entiende desestimada . El silencio es negativo: no supone una concesión, pero permite impugnar la falta de resolución.

La concesión o denegación deja abierta la vía contencioso-administrativa (artículo 22.5 del Código Civil). Conviene valorar en cada caso la vía y el momento de la impugnación.

De la concesión al DNI

1. Resolución de concesión. La dicta el Ministro de Justicia y se notifica al interesado o a su representante.
2. Jura o promesa. La persona mayor de catorce años y capaz jura o promete fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes y, cuando proceda, renuncia a su nacionalidad anterior (artículo 23 del Código Civil). Puede hacerse ante el Registro Civil o ante notario (artículo 68.3 de la Ley 20/2011, tras la reforma de la Ley 6/2021).
3. Inscripción en el Registro Civil. La adquisición de la nacionalidad debe inscribirse (artículo 23.c del Código Civil).
4. Documentación española. Practicada la inscripción, puede solicitarse el DNI y el pasaporte español.

Plazo de 180 días: la concesión caduca si, en los ciento ochenta días siguientes a su notificación, el interesado no comparece para cumplir los requisitos del artículo 23 (artículo 21.4 del Código Civil). Conviene organizar la jura en cuanto se recibe la resolución.

Preguntas frecuentes

Soy brasileño: ¿cuántos años necesito y qué exámenes debo aprobar?

Dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, y los exámenes DELE A2 y CCSE, salvo exención o dispensa.

Me he casado con una persona española: ¿ya soy español?

No. El matrimonio no concede la nacionalidad. Permite solicitarla con un año de residencia legal y un año de matrimonio, sin separación legal ni de hecho.

¿Qué ocurre si pasa un año y no me responden?

La solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo, lo que permite impugnarla. No equivale a una concesión.

¿Puedo jurar la nacionalidad ante notario?

Sí. Desde la reforma de la Ley 6/2021, las declaraciones pueden hacerse ante el Registro Civil o ante notario, a elección del interesado.

Estudié la ESO en España: ¿tengo que hacer los exámenes?

Quienes han estado escolarizados en España y han superado la ESO pueden ser dispensados y presentar la solicitud directamente, con la documentación académica.

Conclusión

La nacionalidad por residencia exige cumplir el plazo que corresponde a cada caso, acreditar la integración y preparar bien la documentación. Tras la concesión, el plazo de 180 días para la jura es decisivo.

¿Necesitas asesoramiento sobre tu situación de extranjería?

En IAF Abogados analizamos cada situación de forma individualizada, teniendo en cuenta la normativa aplicable y las circunstancias del caso. Atendemos en español y en portugués.

Puedes contactar con nuestro despacho para solicitar una consulta jurídica o escribirnos por WhatsApp . Si estás casado con una persona española, consulta también nuestra guía sobre la residencia de familiar de ciudadano español .

Fuentes oficiales

Código Civil (texto consolidado, BOE) : artículos 21 a 24.
Real Decreto 1004/2015 (texto consolidado, BOE) : artículos 5, 6 y 11 y disposición adicional cuarta.
Orden JUS/1625/2016 (texto consolidado, BOE) : artículo 10.
Ley 19/2015 : disposición final séptima.
Ministerio de Justicia: nacionalidad por residencia (tasa vigente y jura ante notario).

Iris Alves Fukase — Abogada especializada en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Derecho Internacional Privado. IAF Abogados.

Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico individualizado. No garantiza la concesión de ninguna solicitud ni plazos de resolución. Normativa revisada en el BOE y en la web del Ministerio de Justicia a 22 de octubre de 2026.

Arraigo en España en 2026: tipos, requisitos y efectos de cada modalidad

Mon, 19 Oct 2026 20:19:43 GMT

Las cinco vías de arraigo del Reglamento de Extranjería, qué exige cada una y qué cambió en abril de 2026

Revisión jurídica: 22 de octubre de 2026 · Autora: Iris Alves Fukase, IAF Abogados

El arraigo es la vía principal para que una persona extranjera que ya se encuentra en España obtenga una autorización de residencia.

Desde el 20 de mayo de 2025 se aplica el Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 1155/2024 . Ha sido modificado por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril , en vigor desde el 16 de abril de 2026.

En esta guía explicamos las cinco modalidades de arraigo, qué exige cada una y qué conviene revisar antes de presentar la solicitud.

Qué es el arraigo

El arraigo es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales (artículo 124 del Reglamento).

Se concede a las personas extranjeras que se encuentran en España y acreditan vínculos con el lugar en el que residen: económicos, sociales, familiares, laborales o formativos. Deben cumplir, además, los requisitos de los artículos 126 y 127 (artículo 125.1).

Los cinco tipos de arraigo

Arraigo de segunda oportunidad: para quien fue titular de una autorización de residencia y no pudo renovarla.
Arraigo sociolaboral: basado en uno o varios contratos de trabajo.
Arraigo social: basado en vínculos familiares con extranjeros residentes o en el esfuerzo de integración.
Arraigo socioformativo: vinculado a determinadas formaciones.
Arraigo familiar: para progenitores o tutores de menores ciudadanos de otro Estado de la UE, del EEE o de Suiza, y para quien presta apoyo a una persona con discapacidad de esa nacionalidad.

La autorización tiene una duración de un año . La de arraigo familiar se concede por cinco años (artículo 125.2).

Requisitos generales (artículo 126)

Deben cumplirse todos a la vez:

Encontrarse en España y no ser solicitante de protección internacional al presentar la solicitud ni durante su tramitación. Lo es quien tiene una solicitud de protección internacional sin resolución firme en vía administrativa y, en su caso, judicial.
Permanencia continuada de al menos dos años en España, inmediatamente anteriores a la solicitud. El tiempo como solicitante de protección internacional, hasta la resolución firme, no se computa . El arraigo familiar no exige permanencia mínima.
No representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
Carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia durante los cinco años anteriores a la entrada en España , por delitos previstos en el ordenamiento español.
No figurar como rechazable en el espacio territorial de los países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
En su caso, no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España.
Haber abonado la tasa del procedimiento.
No ser titular de una autorización de estancia o residencia ni ser parte interesada en procedimientos de concesión, prórroga, renovación o modificación de estas autorizaciones. Este requisito lo añadió el Real Decreto 316/2026 (nueva letra h).

Los cinco años de antecedentes penales se cuentan hacia atrás desde la fecha de entrada en España, no desde la fecha de la solicitud.

La nueva letra h) tiene consecuencias prácticas. Quien tiene una estancia por estudios vigente o un procedimiento de extranjería en trámite no puede pedir el arraigo en ese momento. Deberá valorar otras vías, como la modificación de su autorización.

Requisitos de cada modalidad (artículo 127)

Arraigo de segunda oportunidad

Se exige haber sido titular de una autorización de residencia, no concedida por circunstancias excepcionales, en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Además, la renovación no debe haberse denegado por razones de orden público, seguridad o salud pública. No obstante, el artículo 127.a) permite solicitarlo «si existe sentencia denegatoria, sobreseimiento o absolución de la pena».

Arraigo sociolaboral

Requiere uno o varios contratos de trabajo que garanticen, al menos, el salario mínimo interprofesional o el del convenio colectivo aplicable, en proporción a la jornada.

La suma de los contratos debe representar una jornada semanal no inferior a veinte horas en cómputo global.

Se admite más de un contrato en dos casos:

Trabajos estacionales o de temporada, con contratos concatenados de distintos empleadores.
Trabajo a tiempo parcial y simultáneo para varios empleadores.

El empleador o los empleadores deben cumplir los requisitos del artículo 74, salvo el de su apartado 1.a).

Arraigo social

Tras el Real Decreto 316/2026, el artículo 127.c) prevé dos vías:

Con vínculos familiares: con personas extranjeras titulares de una autorización de residencia (cónyuge o pareja registrada, o familiares en primer grado en línea directa). Se exigen medios económicos de, al menos, el 100 % del IPREM , disponibles en España. Pueden proceder de esos familiares o, si se cumplen los requisitos del artículo 84, de una actividad por cuenta propia.
Sin vínculos familiares: se valora el esfuerzo de integración mediante un informe de integración social favorable de la Comunidad Autónoma o, cuando esta así lo establezca, del Ayuntamiento. El informe debe emitirse en el plazo de un mes .

El informe valora, entre otros factores, el tiempo en el domicilio habitual, los medios económicos y la participación en programas de inserción sociolaboral y cultural. Por tanto, la vía del informe no exime de valorar los recursos económicos.

Si el informe no se emite en plazo, y así se acredita, el requisito puede justificarse por cualquier medio de prueba.

Arraigo socioformativo

Requiere estar matriculado o cursando alguna de las formaciones de los artículos 52.1.b) y 52.1.e).5.º del Reglamento, o la oferta presencial de enseñanzas obligatorias de educación de personas adultas.

Si la matrícula tiene un plazo oficial, la solicitud se presenta en los dos meses anteriores a su inicio. La matrícula debe acreditarse en los tres meses siguientes a la notificación de la concesión; si no se acredita, la autorización se extingue.

También puede solicitarlo quien se comprometa a realizar una formación de los Servicios Públicos de Empleo orientada a ocupaciones del Catálogo del artículo 75.1. En todos los casos se exige el informe de integración social.

Arraigo familiar

Tiene dos supuestos:

Ser padre, madre o tutor de un menor nacional de otro Estado de la UE, del EEE o de Suiza, residir en España, tenerlo a cargo y convivir con él o estar al corriente de las obligaciones paternofiliales.
Prestar apoyo a una persona con discapacidad de esas nacionalidades para el ejercicio de su capacidad jurídica, siendo su familiar, teniéndola a cargo y conviviendo con ella.

Los familiares de españoles no acceden por arraigo familiar, sino por la residencia de familiar de ciudadano español (artículos 93 a 99 del Reglamento).

¿El arraigo permite trabajar?

Con carácter general, sí. Según el artículo 131, la autorización lleva aparejada una autorización de trabajo por cuenta propia o ajena, sin limitación geográfica ni de ocupación, durante su vigencia.

Existen dos excepciones:

Las personas que no han cumplido la edad mínima de admisión al trabajo.
El arraigo socioformativo , que permite trabajar por cuenta ajena un máximo de treinta horas semanales , con un salario no inferior al mínimo interprofesional o al de convenio, en proporción a la jornada.

Autorización provisional en el arraigo sociolaboral

Desde el Real Decreto 316/2026, una vez admitida a trámite la solicitud de arraigo sociolaboral, la persona queda habilitada de forma provisional para residir y trabajar por cuenta ajena hasta la resolución (artículo 130.5).

Si se concede, la eficacia de la autorización queda condicionada al alta en la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación.

Regularización extraordinaria de 2026: no confundir con el arraigo ordinario

El Real Decreto 316/2026 añadió dos procedimientos extraordinarios y temporales, distintos del arraigo ordinario:

Disposición adicional vigésima: personas que, antes del 1 de enero de 2026, hubieran solicitado protección internacional en España.
Disposición adicional vigesimoprimera: personas que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026.

Entre otros requisitos, exigían ser mayor de edad, haber permanecido en España de forma ininterrumpida durante los cinco meses anteriores y no ser titular de una autorización de estancia o residencia.

El plazo para solicitarlo terminó el 30 de junio de 2026 (apartado 6 de ambas disposiciones). Quien no lo presentó debe acudir hoy a las modalidades ordinarias de arraigo. Más información en nuestro artículo sobre la regularización extraordinaria 2026 .

Errores frecuentes

No poder acreditar los dos años de permanencia continuada, o computar el tiempo como solicitante de protección internacional.
Presentar contratos que no alcanzan las veinte horas semanales o el salario mínimo exigible.
Solicitar el arraigo con una autorización de estancia vigente o un procedimiento de extranjería en trámite.
Pedir antecedentes penales de un periodo o país equivocado.
Entender que el informe de integración exime de valorar los medios económicos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tengo que llevar en España para pedir el arraigo?

Con carácter general, dos años de permanencia continuada inmediatamente anteriores a la solicitud. El arraigo familiar no exige permanencia mínima.

¿Con el arraigo socioformativo puedo trabajar a jornada completa?

No. Permite trabajar por cuenta ajena hasta treinta horas semanales en cómputo global (artículo 131).

¿Cuenta el tiempo como solicitante de asilo?

No. El tiempo de tramitación de la protección internacional, hasta su resolución firme, no se computa para los dos años.

¿Puedo pedir el arraigo si tengo una estancia por estudios vigente?

No mientras sea titular de una autorización de estancia o residencia o tenga un procedimiento en trámite (artículo 126.h). En esos casos deben estudiarse las vías de modificación.

¿Sigue abierta la regularización extraordinaria de 2026?

No. El plazo de las disposiciones adicionales vigésima y vigesimoprimera terminó el 30 de junio de 2026.

Conclusión

Elegir bien la modalidad de arraigo es decisivo. Cada vía tiene requisitos, duración y efectos laborales distintos, y la reforma de 2026 añadió incompatibilidades que conviene revisar antes de presentar la solicitud.

¿Necesitas asesoramiento sobre tu situación de extranjería?

En IAF Abogados analizamos cada situación de forma individualizada, teniendo en cuenta la normativa aplicable y las circunstancias del caso.

Puedes contactar con nuestro despacho para solicitar una consulta jurídica o escribirnos por WhatsApp . Más información sobre nuestros servicios de permisos de residencia .

Fuentes oficiales

Real Decreto 1155/2024, Reglamento de Extranjería (texto consolidado, BOE) : artículos 124 a 127, 130 y 131.
Real Decreto 316/2026, de 14 de abril (BOE-A-2026-8284) : artículos 126.h), 127.c) y 130.5, y disposiciones adicionales vigésima y vigesimoprimera.

Iris Alves Fukase — Abogada especializada en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Derecho Internacional Privado. IAF Abogados.

Residencia de familiar de ciudadano español: requisitos y procedimiento

Mon, 19 Oct 2026 20:11:12 GMT

Requisitos, novedades del RD 316/2026 y cómo solicitarla desde España o desde el extranjero

Revisión jurídica: 22 de octubre de 2026 · Autora: Iris Alves Fukase, IAF Abogados

Desde el 20 de mayo de 2025, los familiares extranjeros de personas españolas tienen una autorización propia: la autorización de residencia temporal de familiar de persona con nacionalidad española (artículos 93 a 99 del Reglamento de Extranjería, Real Decreto 1155/2024).

El Real Decreto 240/2007 se aplica a los familiares de ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

En esta guía explicamos quién puede solicitarla, qué exige cada supuesto y cómo se tramita.

Requisito común: el vínculo y la convivencia

La autorización se dirige a personas extranjeras no comunitarias que tienen con una persona española alguno de los vínculos del artículo 94, con independencia de dónde y cuándo se creó, siempre que se mantenga (artículo 93).

Con carácter general, el artículo 94.1 exige que convivan con la persona española. Algunos supuestos tienen reglas propias. Los hijos de padre o madre que sean o hayan sido españoles de origen pueden acceder en cualquier circunstancia (artículo 93).

Quién puede solicitarla (artículo 94.1)

Cónyuge

Mayor de dieciocho años, sin nulidad del matrimonio ni divorcio, y sin que el matrimonio se haya celebrado en fraude de ley. Solo puede acceder un cónyuge.

Si la persona española está casada en segundas o posteriores nupcias, el nuevo cónyuge debe acreditar que la disolución de los matrimonios anteriores fijó la situación del cónyuge previo y de sus familiares en cuanto a la vivienda común y a las pensiones.

Pareja registrada

Pareja no casada, mayor de dieciocho años, con una relación análoga a la conyugal inscrita en un registro público de un Estado de la UE, del EEE o de Suiza, sin fraude de ley y sin cancelación de la inscripción.

Pareja estable no registrada

Pareja no casada, mayor de dieciocho años, con una relación estable debidamente probada: convivencia análoga a la conyugal de al menos doce meses continuados , dentro o fuera de España.

No se exige ese periodo si existe descendencia común y se mantiene el vínculo. El matrimonio, la pareja registrada y la pareja estable son incompatibles entre sí.

Hijos menores de veintiséis años

Hijos de la persona española o de su cónyuge o pareja, siempre que esta también resida o vaya a residir en España. La edad no es el único requisito . Los hijos deben:

Convivir o pretender convivir con ellos.
No estar casados ni haber constituido su propia unidad familiar. Si lo han hecho, pueden acceder por la letra i), acreditando que toda esa unidad familiar está a cargo de la persona española.
En caso de adopción , acreditar que la resolución produce efectos en España.
Si son menores de dieciocho años hijos del cónyuge o de la pareja , el progenitor extranjero debe ejercer la patria potestad o la custodia en exclusiva, o contar con el consentimiento del otro titular ante autoridad o fedatario público. No se exige si los menores nacieron en España y han permanecido en el país desde entonces.

Para los hijos menores de veintiséis años no se exige acreditar dependencia económica.

Hijos de veintiséis años o más

Solo si están a cargo o tienen una discapacidad por la que precisen apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, con las mismas condiciones de convivencia y unidad familiar.

Ascendientes

Ascendientes en primer grado de la persona española o de su cónyuge o pareja (sin nulidad, divorcio o cancelación de la inscripción), en uno de estos casos:

Viven a su cargo y carecen de apoyo familiar en origen .
Concurren razones de carácter humanitario .

Los conceptos de persona a cargo y razones humanitarias se interpretan conforme al capítulo I del título XII del Reglamento (artículo 94.3).

Padre, madre o tutor de un menor español

Debe tener a cargo al menor y convivir con él o estar al corriente de sus obligaciones . Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026, ya no se exige que la relación se haya constituido conforme al Derecho español (ver más abajo).

Familiar cuidador de una persona española dependiente

Un único familiar, hasta el segundo grado, que cuide o vaya a cuidar a una persona española con un grado de dependencia reconocido conforme al artículo 26 de la Ley 39/2006.

Hijos de españoles de origen

Hijos e hijas cuyo padre o madre sean o hayan sido españoles de origen.

Otros familiares a cargo

Otros familiares no incluidos en los supuestos anteriores que acrediten de forma fehaciente , al presentar la solicitud, que están a cargo de la persona española.

Deben probar la dependencia, la convivencia, el grado de parentesco y, en su caso, los motivos graves de salud o discapacidad (artículo 96.b.4.º). Si se trata de menores sin vínculo de filiación, debe acreditarse una medida de protección por desamparo (artículo 94.4).

Qué permite la autorización

Residir y trabajar por cuenta ajena o propia en toda España, sin trámites adicionales, desde la edad mínima de admisión al trabajo (artículo 95.1).
Ejercer a su vez el derecho a la reagrupación familiar (artículo 95.2).
Validez de cinco años , o la del periodo previsto de residencia del familiar español si es inferior; en ese caso, puede renovarse mientras se mantengan las condiciones (artículo 95.3 y 4).

Documentación básica (artículo 96)

Pasaporte o DNI en vigor de la persona española.
Para cónyuge o pareja, declaración responsable de que no reside con ella en España otro cónyuge o pareja.
Pasaporte o título de viaje en vigor del familiar extranjero.
Documentos que acrediten el vínculo familiar, legalizados o apostillados y traducidos cuando sean extranjeros.
Cuando se exija, prueba de que el familiar está a cargo de la persona española.
En la pareja estable, prueba de la relación y del tiempo de convivencia o, en su caso, certificado de nacimiento de los hijos comunes.

Dónde y cómo se presenta (artículo 97)

La persona española está en España y el familiar en el extranjero

La persona española presenta la solicitud ante la oficina de extranjería de su provincia. Si se concede, el familiar solicita el visado en la oficina consular española competente.

Ambos están fuera de España

El familiar extranjero solicita el visado directamente en la oficina consular española competente.

Ambos están en España

Esta vía es excepcional y solo está prevista para los familiares de las letras a) a h) del artículo 94.1 . No se extiende automáticamente a los «otros familiares a cargo» de la letra i).

La solicitud la puede presentar la persona española o la extranjera ante la oficina de extranjería, con la documentación de los requisitos del capítulo y del artículo 38 (salvo sus letras b y h).

Una vez admitida a trámite , y salvo inadmisiones o denegaciones previas por hechos sustancialmente idénticos, se autoriza provisionalmente a residir y trabajar hasta la resolución (artículo 97.5).

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026

La Sentencia 868/2026 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (recurso 19/2025), rectificada por auto de 1 de septiembre de 2026 y publicada en el BOE el 22 de septiembre de 2026, anuló varios incisos del Reglamento. En lo que afecta a esta autorización:

Artículo 94.1.f): se anula el inciso «Esta relación deberá haber sido constituida conforme al ordenamiento jurídico español». Se mantienen los demás requisitos: tener a cargo al menor y convivir con él o estar al corriente de sus obligaciones.
Artículos 97.4 y 98.1: se anulan los incisos de denegación automática por antecedentes penales sin ponderación individualizada , solo en los supuestos del artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE (ciudadanía de la Unión). En esos casos, la Administración debe valorar las circunstancias individuales.

La sentencia no elimina la valoración de los antecedentes penales con carácter general ni modifica los demás requisitos del artículo 94.

Familiares de ciudadanos de otros Estados de la UE

El Real Decreto 240/2007 regula la residencia de los familiares de ciudadanos de otros Estados de la UE o del EEE (artículo 2). Los familiares de españoles se rigen, con carácter general, por el Reglamento de Extranjería.

El Derecho de la Unión puede ser relevante también para familiares de españoles, por ejemplo cuando la persona española ha residido efectivamente en otro Estado de la Unión y regresa a España con su familia. Estos casos requieren un análisis individual.

Quienes tenían una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o un arraigo familiar por su vínculo con una persona española, vigente el 20 de mayo de 2025, conservan la residencia mientras cumplan las condiciones, sin nueva solicitud (disposición transitoria tercera del Reglamento).

Preguntas frecuentes

¿Necesito estar casado con una persona española para pedirla?

No. También pueden solicitarla la pareja registrada y la pareja estable que acredite al menos doce meses de convivencia o descendencia común.

Mi hijo de 24 años, ¿puede venir conmigo a España?

Puede ser beneficiario si es menor de veintiséis años, convive o va a convivir con ustedes y no está casado ni ha formado su propia unidad familiar. La forma de presentación depende de dónde esté cada uno.

Mi hijo es español: ¿puedo residir en España?

Sí, si lo tiene a su cargo y convive con él o está al corriente de sus obligaciones. Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026, no se exige que esa relación se haya constituido conforme al Derecho español.

Mi madre depende económicamente de mí y está en España: ¿podemos presentarla aquí?

Los ascendientes a cargo están en la letra e) del artículo 94.1, por lo que pueden presentar la solicitud en España si ambos están en territorio español. Debe acreditarse la dependencia y la falta de apoyo familiar en origen, o las razones humanitarias.

¿Sigue existiendo la tarjeta comunitaria para cónyuges de españoles?

Las nuevas solicitudes se tramitan por el Reglamento de Extranjería. Quienes ya tenían la tarjeta vigente el 20 de mayo de 2025 la conservan mientras cumplan las condiciones.

Conclusión

La residencia de familiar de español depende del vínculo concreto y de dónde se encuentra cada persona. Identificar bien el supuesto del artículo 94 y la vía de presentación evita inadmisiones y retrasos.

¿Necesitas asesoramiento sobre tu situación de extranjería?

En IAF Abogados analizamos cada situación de forma individualizada, teniendo en cuenta la normativa aplicable y las circunstancias del caso.

Puedes contactar con nuestro despacho para solicitar una consulta jurídica o escribirnos por WhatsApp . Consulta también nuestras guías sobre nacionalidad española por residencia y sobre reagrupación familiar .

Fuentes oficiales

Real Decreto 1155/2024, Reglamento de Extranjería (texto consolidado, BOE) : artículos 93 a 98 y disposición transitoria tercera.
Sentencia del Tribunal Supremo 868/2026, de 8 de julio (BOE-A-2026-19632) .
Real Decreto 240/2007 (texto consolidado, BOE) .

Iris Alves Fukase — Abogada especializada en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Derecho Internacional Privado. IAF Abogados.

Regularización extraordinaria 2026: ¿y ahora qué? Resolución, TIE y qué hacer si pasan tres meses sin respuesta

Tue, 29 Sep 2026 22:00:31 GMT

Plazos de resolución, silencio administrativo, solicitud de la TIE y renovación del arraigo extraordinario

Respuesta rápida: La Administración tiene un plazo máximo de tres meses para resolver la regularización extraordinaria. Si se concede, debes pedir la TIE en el mes siguiente. Si pasan tres meses sin notificación, la norma considera la solicitud desestimada por silencio administrativo, aunque hay matices importantes. La autorización dura un año y hay que modificarla antes de que caduque.

Recordatorio: qué es la regularización extraordinaria y cuándo se podía pedir

El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado en el BOE el 15 de abril de 2026, añadió al Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024) la disposición adicional vigésima, sobre arraigo para solicitantes de protección internacional, y la disposición adicional vigesimoprimera, que crea el arraigo extraordinario para quienes se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026. Ambas autorizaciones podían solicitarse hasta el 30 de junio de 2026.

¿Cuánto tarda la resolución?

El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses, contados desde el día siguiente a la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Este plazo puede suspenderse en los supuestos del artículo 22 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Quien presentó su solicitud en junio está llegando ahora, a finales de septiembre, a ese límite.

Atención a las suspensiones y requerimientos:

Si la Oficina de Extranjería te requiere documentación, el plazo de tres meses queda suspendido hasta que se atiende el requerimiento (art. 22.1.a de la Ley 39/2015).
Si es necesario obtener certificados de antecedentes penales de otros países, el procedimiento puede suspenderse hasta un máximo de tres meses (art. 22.1.d de la Ley 39/2015).
Durante la suspensión, la habilitación provisional para residir y trabajar sigue siendo válida.
Si el expediente se paraliza por causa imputable al solicitante, la Administración advertirá de que, pasados tres meses, se producirá la caducidad y el archivo (art. 95 de la Ley 39/2015).

Han pasado tres meses y no me han contestado: ¿qué significa?

El reglamento establece que, transcurrido el plazo máximo sin notificación, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo. Esto no significa que el expediente esté perdido: la Administración sigue obligada a dictar una resolución expresa, y el silencio permite acudir a los recursos que procedan. Antes de recurrir, conviene comprobar la fecha exacta de entrada en el registro y si hubo suspensión o requerimiento, porque ambos cambian el cómputo del plazo.

¿Y la habilitación provisional para trabajar? La norma dice que la denegación supone la pérdida automática de la habilitación provisional, y que durante la suspensión del procedimiento esta sigue siendo válida. El texto no regula de forma expresa el efecto del silencio sobre la habilitación, por lo que es un punto que debe analizarse caso por caso antes de tomar decisiones laborales.

Me la han concedido: ¿qué tengo que hacer?

La autorización produce efectos desde la fecha en que presentaste la solicitud.
Pide cita y solicita la TIE en la Comisaría de Policía durante el mes inmediatamente posterior a la concesión.
Si trabajas por cuenta ajena, comunica la resolución a tu empresa en cuanto te la notifiquen.
Guarda la resolución y la TIE: las necesitarás para la futura modificación de la autorización.

¿Cuánto dura la autorización y cómo se renueva?

La autorización por arraigo extraordinario tiene una vigencia de un año y permite residir y trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia en cualquier parte de España, ocupación o sector de actividad.

No se renueva de forma automática: durante los dos meses previos a su expiración hay que solicitar una modificación conforme al artículo 191 del Reglamento de Extranjería. La presentación de esa solicitud prorroga la autorización hasta que se resuelva. También se prorroga si se presenta dentro de los tres meses posteriores al vencimiento, aunque en ese caso puede abrirse un procedimiento sancionador.

Si no fuera posible la modificación, cabe una prórroga excepcional de un año acreditando búsqueda activa de empleo con inscripción en el servicio público de empleo, o aportando un informe de esfuerzo de integración de la comunidad autónoma. En casos de enfermedad grave, discapacidad o edad legal de jubilación, la prórroga puede ser de cuatro años sin esos requisitos.

Por eso es buena idea empezar a planificar ya: trabajo estable, cotizaciones y, si procede, formación o informe de integración.

¿Y mis hijos?

Las solicitudes de los hijos menores presentadas simultáneamente con la del progenitor se resuelven a la vez, con requisitos flexibilizados. El preámbulo del Real Decreto 316/2026 menciona una vigencia de cinco años para estas autorizaciones de los hijos; conviene comprobarla en la resolución de cada menor.

Preguntas frecuentes

¿El silencio administrativo en la regularización extraordinaria es positivo? No. Transcurridos tres meses sin notificación, la solicitud se entiende desestimada, aunque la Administración sigue obligada a resolver expresamente.

¿Cuándo tengo que pedir la TIE? Durante el mes inmediatamente posterior a la concesión de la autorización.

¿Puedo trabajar como autónomo con esta autorización? Sí. La autorización habilita para trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia.

¿Qué pasa cuando se cumple el año? Hay que solicitar una modificación en los dos meses previos al vencimiento o, si no es posible, una prórroga en los casos previstos.

Fuente oficial

Real Decreto 316/2026, de 14 de abril (BOE-A-2026-8284) – disposiciones adicionales vigésima y vigesimoprimera del Reglamento de Extranjería.
Hoja informativa 28 ter del Ministerio de Inclusión – Arraigo extraordinario

Iris Alves Fukase — Abogada especializada en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Derecho Internacional Privado. IAF Abogados.

Doctorado en España siendo extranjero: ya no es estancia por estudios, sino residencia para investigación

Tue, 29 Sep 2026 21:59:45 GMT

El Criterio de Gestión 2/2026 cambia la vía migratoria de los doctorandos extranjeros: requisitos, plazos y trámite ante la UGE-CE

Respuesta rápida: Si vas a cursar un doctorado oficial en España, la vía migratoria correcta es la autorización de residencia para investigación de la Ley 14/2013, que se tramita ante la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE), y no la estancia por estudios. Así lo fija el Criterio de Gestión 2/2026 de la Dirección General de Gestión Migratoria.

¿Qué ha cambiado para los doctorandos extranjeros?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incluye ahora, entre la normativa básica de esta autorización, el Criterio de Gestión 2/2026 de la Dirección General de Gestión Migratoria, relativo a la autorización de residencia para investigación nacional y su aplicación a las personas extranjeras que cursen estudios de doctorado. Su hoja informativa lo dice de forma expresa: dentro del personal investigador del artículo 72 de la Ley 14/2013 se incluyen los estudiantes de doctorado matriculados.

La razón de fondo es la propia naturaleza del doctorado: la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario, define estos estudios como orientados a adquirir competencias y habilidades relacionadas con la investigación.

¿A quién se aplica?

Tanto a quien quiere venir a España para hacer el doctorado como a quien ya es titular de una autorización de estancia o residencia y quiere iniciar estos estudios. Solo cuentan los programas oficiales: se aceptan únicamente matrículas en programas inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) con nivel académico de Doctor.

Requisitos para el doctorando sin contrato de investigación

Según la hoja informativa oficial del Ministerio, el doctorando que no tiene contrato con la universidad o entidad debe aportar:

Pasaporte o documento de viaje en vigor.
Impreso de solicitud MI-T , firmado por el doctorando o, digitalmente, por la entidad que lo ha admitido en el programa.
Medios económicos para el periodo solicitado y el regreso: al menos el 50 % del salario mínimo interprofesional anual (el 100 % si viaja con un familiar).
Seguro de enfermedad de una entidad autorizada en España, sin copagos ni carencias (no sirve un seguro de viaje).
Documento de la entidad que acredite la admisión en el programa de doctorado y el pago de la matrícula o tasas.
Certificado de antecedentes penales de los países de residencia de los dos últimos años y declaración responsable de los cinco últimos.
Justificante del pago de la tasa.

Recuerda que los documentos extranjeros deben estar legalizados o apostillados y acompañados de traducción jurada.

¿Quién presenta la solicitud y dónde?

Si el doctorando no tiene contrato con la entidad, puede presentarla él mismo. La presentación es telemática, a través de la sede electrónica de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE).

Plazos, duración y ventajas frente a la estancia por estudios

Plazo de resolución: veinte días hábiles desde la presentación electrónica; si no hay respuesta, la solicitud se entiende estimada (silencio positivo).
Vigencia: hasta tres años, o la duración del convenio o contrato si es menor.
Renovación: por periodos de dos años.
Tasa: modelo 790, código 038, epígrafe de autorización de residencia inicial por movilidad internacional (Ley 14/2013).

La diferencia no es solo de nombre: se trata de una autorización de residencia, con las consecuencias que ello tiene en el cómputo de años de residencia legal para la residencia de larga duración y, en su caso, para la nacionalidad española.

¿Y si ya tengo una estancia por estudios para el doctorado?

El criterio no establece una conversión automática para los expedientes que ya estuvieran en curso. Cada caso requiere un análisis individual: fecha de la autorización, renovación prevista y situación del programa de doctorado.

Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir pidiendo estancia por estudios para un doctorado oficial? No es la vía indicada según el Criterio de Gestión 2/2026: corresponde la residencia para investigación.

¿Necesito un contrato con la universidad? No. Existe un supuesto específico para estudiantes de doctorado sin contrato de investigación.

¿Qué tasa debo pagar? El modelo 790 código 038, en el epígrafe de solicitud de autorizaciones de movilidad internacional (Ley 14/2013), residencia inicial.

¿Cuánto tarda la UGE-CE en resolver? El plazo máximo es de veinte días hábiles, con silencio positivo.

Fuentes oficiales

Hoja informativa 68 del Ministerio de Inclusión – Residencia para investigación (recoge el Criterio de Gestión 2/2026).
Criterios de gestión de la Dirección General de Gestión Migratoria
Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (art. 72)

Iris Alves Fukase — Abogada especializada en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Derecho Internacional Privado. IAF Abogados.

Reforma de la Ley de Extranjería y nueva Ley de Asilo: qué cambia con el Pacto Europeo de Migración y Asilo

Tue, 29 Sep 2026 21:59:10 GMT

Qué cambia, cuándo y a quién afecta la adaptación de España al Pacto Europeo de Migración y Asilo

Respuesta rápida: España prepara una nueva Ley de Asilo y una reforma parcial de la Ley de Extranjería (LO 4/2000) para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Son todavía anteproyectos: no están en vigor y no afectan aún a las solicitudes en curso, pero el Gobierno ha acelerado su tramitación.

¿Qué ha aprobado exactamente el Gobierno?

El 25 de agosto de 2026 el Consejo de Ministros aprobó, en primera vuelta, dos anteproyectos impulsados por el Ministerio del Interior: una ley de asilo de nuevo cuño y una amplia reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El objetivo común es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA).

Un mes después, el Consejo de Ministros del 22 de septiembre de 2026 autorizó la tramitación administrativa urgente, prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, del Gobierno, tanto del Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la LO 4/2000 como del Anteproyecto de Ley de Asilo. En la práctica, esto acorta los plazos internos de elaboración de la norma.

¿Qué es el Pacto Europeo de Migración y Asilo y por qué obliga a cambiar la ley?

El PEMA se compone de diez textos legislativos adoptados el 14 de mayo de 2024 que se aplican desde el 12 de junio de 2026. Uno de ellos es la Directiva (UE) 2024/1346 sobre normas de acogida, que debe transponerse al derecho español. Los otros nueve son reglamentos de aplicación directa, pero contienen opciones que cada Estado debe concretar, lo que en España exige modificaciones legislativas.

Principales novedades de la nueva Ley de Asilo

Interior ha optado por sustituir la ley vigente en lugar de reformarla: considera obsoleta la Ley 12/2009, que además carece de desarrollo reglamentario, y justifica el cambio en el fuerte aumento de solicitudes, que pasaron de unas 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.

Según el Ministerio del Interior, el anteproyecto:

Crea un procedimiento acelerado de asilo que deberá resolverse en tres meses.
Regula un procedimiento fronterizo de hasta doce semanas.
Aclara los criterios de la protección subsidiaria, incluidas las amenazas graves a civiles en conflictos armados.
Refuerza las garantías para personas vulnerables y menores no acompañados, con un representante para los menores.
Atribuye al Ministerio del Interior la condición de autoridad decisoria.
Elimina, con carácter general, el recurso administrativo previo y refuerza la vía contencioso-administrativa.

Este último punto es especialmente relevante para quien hoy tiene una denegación de asilo: si se aprueba así, cambiará la estrategia procesal frente a estas resoluciones.

¿Qué cambia en la Ley de Extranjería (LO 4/2000)?

Interior describe la reforma como parcial, limitada a las materias que afectan a derechos fundamentales, que son novedosas o que resultan incompatibles con la redacción actual. Destacan:

Triaje de las personas que cruzan irregularmente la frontera exterior: examen médico y de vulnerabilidad, identificación, datos biométricos y control de seguridad.
Plazo de 72 horas para ese triaje sin autorizar la entrada, prorrogable solo por un juez, frente a los siete días que permite la normativa europea.
Procedimiento fronterizo de retorno , que deberá completarse en doce semanas.
Derecho a permanecer durante la tramitación, sin autorización de residencia, cuando concurran causas de denegación de entrada o de retorno.
Notificación conjunta de la denegación del asilo y de la denegación de entrada con obligación de salida.

¿Está ya en vigor? Calendario de tramitación

No. Tras esta primera vuelta, los textos deben recabar, entre otros, los informes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos. Después volverán al Consejo de Ministros y se remitirán a las Cortes Generales como proyectos de ley. Hasta su aprobación definitiva y publicación en el BOE, sigue aplicándose la normativa actual.

¿Me afecta si ya tengo una solicitud de asilo en trámite?

Por ahora, no directamente: los anteproyectos no tienen efectos jurídicos. Lo decisivo será el régimen transitorio que fije la ley definitiva, que aún no se conoce. Si tienes un expediente de protección internacional o un recurso pendiente, conviene revisar tu estrategia con un abogado a medida que avance la tramitación.

Preguntas frecuentes

¿Se elimina el recurso de reposición en materia de asilo? El anteproyecto prevé eliminar con carácter general el recurso administrativo previo y reforzar la vía contencioso-administrativa, pero todavía no es ley.

¿Cuánto durará el nuevo procedimiento acelerado de asilo? El texto prevé que se resuelva en un plazo de tres meses.

¿Cambian los permisos de residencia ordinarios (arraigo, reagrupación, estudios)? No. La reforma de la LO 4/2000 se centra en frontera, triaje y retorno, y no altera el sistema de autorizaciones en su conjunto.

Fuentes oficiales

Iris Alves Fukase — Abogada especializada en Derecho de Extranjería, Nacionalidad y Derecho Internacional Privado. IAF Abogados.

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